domingo, 17 de junio de 2012

Esta es la historia del primer general al que EE. UU. pide extraditar




EE. UU. mantuvo en secreto expediente para no alterar las relaciones con Colombia.

Desde mayo, la Fiscalía de Estados Unidos decidió que iba a 'graduar' a Mauricio Alfonso Santoyo Velasco como el primer general (r.) de la Policía colombiana en ser requerido por nexos con narcotraficantes y 'paras'. (Lea también: El expediente del general (r.) al que vinculan con narcos y Auc).

Recopilaron información en su contra durante más de cuatro años y le entregaron el caso a Neil H. MacBride, un implacable fiscal del estado de Virginia postulado por el gobierno Obama para manejar los casos más sensibles en los que las autoridades federales tienen particular interés.

Cuando MacBride informó que ya estaba listo para ir ante la Corte a formularle cargos por narcotráfico -en complicidad con la 'oficina de Envigado' y las autodefensas-, recibió la instrucción de que el expediente llevara el sello de secreto y se encriptara.

La razón: EE. UU. consideró que, al hacerlo público antes de tiempo, podría afectar la relación diplomática con Colombia.

En la decisión pesó el hecho de que el imputado fuera un general (r.) de la República. Pero también, que Santoyo se hubiera desempeñado como jefe de seguridad del presidente Álvaro Uribe Vélez entre el 2002 y el 2006.

Además, se trata del único policía que ha logrado volverse a poner el uniforme verde oliva tras haber sido fulminantemente destituido por la Procuraduría acusado de realizar 1.500 interceptaciones ilegales.

Pero la Fiscalía -en la administración de Luis Camilo Osorio- lo absolvió (2003) y el Consejo de Estado revocó el fallo de la Procuraduría.

En el entretanto, el Ministerio de Defensa lo restituyó por decreto. Luego, con el apoyo del Senado, Santoyo fue llamado a curso de general y recibió la estrella de manos del presidente Uribe.

'Recibió sobornos'

A pesar del hermetismo en torno a su caso, EL TIEMPO tuvo acceso a su expediente el pasado martes y a la confirmación plena de los cargos, hace 48 horas, cuando este diario los reveló.

El fiscal dice, inicialmente, que Santoyo habría recibido sobornos del narcotráfico. Pero a lo largo de la acusación la gravedad de los señalamientos va en aumento. MacBride asegura que entre el 2000 y noviembre del 2008, el oficial habría conspirado para favorecer a la mafia y que les entregaba información de inteligencia sobre investigaciones y operativos que sirvieron para asesinar personas.

En ese tiempo, Santoyo ya había pasado por la comandancia del Gaula de Medellín.

Él y sus hombres lograron rescatar a 279 personas en manos de grupos ilegales. Sus acciones le valieron 46 medallas y 101 felicitaciones. Luego se fue a comandar el Cuerpo Especial Antiterrorista (Ceat), época en la que surgieron los primeros cuestionamientos.

Organizaciones de derechos humanos lo acusaron de espiarlas ilegalmente y vincularon el hecho con los asesinatos de Ángel Quintero y Claudia Monsalve, dos activistas del movimiento de familiares de desaparecidos (Asfaddes).

En las investigaciones por los crímenes se detectó que los teléfonos de las víctimas estaban 'chuzados'. Pero con las absoluciones de la justicia, el oficial continuó en la Policía hasta cumplir 32 años de servicio. Lo último que se supo de él es que había sido enviado a Italia como agregado policial y que ahora gozaba de su pensión de general.

Hablan extraditados

Sin embargo, su nombre volvió a sonar en mayo del 2010. En esa fecha, la Corte Suprema viajó a EE. UU. a recoger testimonios de los narcoparamilitares extraditados.

Juan Carlos Sierra, alias el 'Tuso', aseguró que el oficial les ayudó a aniquilar a la banda 'La Terraza', enemiga de alias 'don Berna', cabeza de la 'oficina de Envigado'.

"Se combatió 'La Terraza' con la ayuda del Ceat, comandado por Mauricio Santoyo. Él lo dejó cuando se fue a manejar la seguridad del Presidente", dijo el 'Tuso'.

El viernes, fuentes del Gobierno colombiano confirmaron que ya estaban enterados de la situación del oficial (r.) y de la posibilidad de que en las próximas semanas sea solicitada su captura con fines de extradición.

Este diario intentó localizar a Santoyo a través de su familia, pero al cierre de esta edición no había respondido.

Los cargos en su contra
Apartes de la acusación contra el general (r.)

- Sabía e intencionalmente conspiró para traficar droga y para ayudarles a organizaciones criminales a enviar varios cargamentos.

- Recibió sobornos y se alió con otros policías corruptos para que la 'oficina de Envigado' y las Auc enviaran coca a EE. UU.

- Lo acusan de entregar información de inteligencia a delincuentes, incluida alguna producto de interceptaciones ilegales.

- Se asegura que parte de la información que dio era sobre competidores de la 'oficina de Envigado', que luego fueron asesinados.

UNIDAD INVESTIGATIVA
u.investigativa@eltiempo.com

El expediente del general (r.) al que vinculan con narcos y Auc



En EE. UU. señalan que Mauricio Santoyo conspiró para traficar con la 'oficina de Envigado' y Auc.

Mauricio Santoyo Velasco se acaba de convertir en el oficial (r.) de más alto rango señalado por las autoridades de Estados Unidos de narcotráfico.

La Corte del Distrito Este de Virginia le formuló cargos por conspirar en el tráfico de narcóticos con la organización criminal conocida como la 'oficina de Envigado' y con las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

Según el expediente, revelado ayer viernes por EL TIEMPO.COM, Santoyo "sabía e intencionalmente conspiró" para traficar droga y para ayudarles a esas organizaciones criminales a enviar varios cargamentos por Centroamérica y México.

El fiscal del caso, Neil H. MacBride, aseguró que estos delitos habrían sido cometidos entre el 2000 y noviembre del 2008.

La importancia de la decisión radica en que Santoyo ocupó altos cargos en la Policía e incluso fue reintegrado y ascendido a general por su desempeño.

La propia corte de Virginia mencionó que fue comandante del Gaula de Medellín (1996-1999) y del cuerpo élite antiterrorista de la Policía (2000-2002), jefe de seguridad del presidente Álvaro Uribe (2002-2006), y agregado de la embajada de Colombia en Italia.

Los señalamientos

Según MacBride, Santoyo no solo incurrió en el delito de narcotráfico. También, agrega el indictment, recibió sobornos para que la 'oficina de Envigado' y las Auc enviaran toneladas de droga a territorio estadounidense.

Además, se señala a Santoyo de entregar a los altos mandos de las Auc y de la 'oficina' información clasificada y de inteligencia acerca de las investigaciones que llevaban las autoridades de Colombia, con la colaboración de las de Estados Unidos e Inglaterra, sobre carteles y actividades de varias agrupaciones mafiosas.

Agentes británicos y estadounidenses venían sospechando de filtraciones claves de sus operativos hechas por algunos miembros de la Policía de la época.

El documento añade que el compromiso del entonces alto oficial también incluiría la entrega de información obtenida mediante 'chuzadas' o interceptaciones ilegales de delincuentes y competidores en el negocio ilícito que después aparecieron asesinados.

En este punto, vale la pena recordar que la Procuraduría investigó y sancionó a Santoyo por más de 1.500 escuchas ilegales.

El fiscal MacBride mencionó, asimismo, que el alto oficial habría facilitado el contacto con otros policías corruptos, que posteriormente les ayudaron a narcos y 'paras' en la comisión de delitos.

Al respecto, EL TIEMPO.COM estableció que hay otros procesos pendientes, en los que oficiales de alto rango tanto de la Policía como del Ejército han sido reiteradamente mencionados por testigos.

Testimonios claves

De hecho, si bien los cargos contra Santoyo se basan en investigaciones y labores de inteligencia que vienen desarrollando agentes antimafia de Estados Unidos, también se tuvieron en cuenta testimonios de varios exparamilitares y de narcos presos en ese país.

Uno de ellos es Juan Carlos Sierra, alias el 'Tuso', narco 'purasangre' que se camufló en la desmovilización 'para'.

El 'Tuso' mencionó por primera vez al general (r.) Mauricio Santoyo en una declaración rendida ante la Corte Suprema de Justicia en octubre del 2010.

EL TIEMPO.COM buscó anoche a Santoyo, pero al cierre de esta edición no había contestado los mensajes.

UNIDAD INVESTIGATIVA

sábado, 16 de junio de 2012

General (r) Santoyo, en el radar de la justicia estadounidense


Por: Elespectador.com



La justicia norteamericana puso bajo su radar al general (r) de la Policía Mauricio Alfonso Santoyo Velasco, quien fue jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe durante su primer mandato. Un fiscal de Virginia, Neil MacBride, investiga al alto oficial en retiro por sus supuestos nexos con la ‘Oficina de Envigado’ y los paramilitares.

Según reveló el diario El Tiempo, Santoyo habría entregado información reservada u obtenida a través de interceptaciones ilegales a miembros de esos grupos ilegales para evadir sus capturas, así como para facilitar el tráfico de estupefacientes hacia Centroamérica y Estados Unidos. De acuerdo con la justicia norteamericana, para hacer esto Santoyo se habría aliado con otros policías corruptos y hasta habría delatado nombres de personas que luego fueron asesinadas.

El Espectador confirmó que en la Casa de Nariño ya están al tanto de la situación de Santoyo, a quien le formularon cinco cargos en su contra. Fuentes de organismos de seguridad le dijeron a este diario que, posiblemente, otros dos oficiales de la Policía serán vinculados al proceso. Para abrir este expediente, la Fiscalía de Estados Unidos ha contado con declaraciones de extraditados.

Un personaje polémico

Fue en octubre de 2000, cuando la Fiscalía empezó a investigar la desaparición de dos miembros de Asfaddes (Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos), que el nombre Santoyo cayó bajo la lupa de las autoridades colombianas. Mientras Santoyo era el jefe del Gaula de la Policía en Medellín (de julio de 1996 a diciembre de 2001), la sala de inteligencia de esa entidad hizo más de 1.800 interceptaciones ilegales, entre esas a las líneas de los activistas de Asfaddes.

Santoyo ya no estaba en el Gaula para la época en que los integrantes de Asfaddes desaparecieron. Sin embargo, el tema de las ‘chuzadas’ le valió una destitución en 2003 por parte de la Procuraduría. Según el Ministerio Público, el entonces teniente coronel Santoyo Velasco consintió que hombres a su cargo tramitaran ante las Empresas Públicas de Medellín (EPM) las interceptaciones telefónicas con autorizaciones de fiscales falsificadas.

Para sancionar a Santoyo, la Procuraduría tuvo en cuenta varias cosas. Los fiscales cuyos nombres figuraban en las órdenes de interceptación declararon que esas firmas no eran las suyas y las pruebas de grafología lo confirmaron. Un sargento del Gaula reconoció haber entregado los documentos apócrifos a EPM y varios otros fueron enviados desde el fax del Gaula. Y se comprobó que en la sala de inteligencia del Gaula sí se enlazaron líneas privadas.

Evidencias en mano, la Procuraduría destituyó al secretario de seguridad del entonces presidente Uribe y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por cinco años, al igual que a nueve subordinados suyos. Sin embargo el exjefe de Estado, al conocer el fallo, emitió un comunicado: “Por los mismos hechos, por los cuales la Procuraduría impone la sanción, la Fiscalía General absolvió al Coronel Santoyo en agosto 29 de 2003 por no encontrar mérito suficiente para continuar con la investigación”.

Uribe Vélez señaló que, como Santoyo había apelado la determinación disciplinaria, la Presidencia de la República iba a esperar el fallo definitivo. En noviembre de 2004 la Procuraduría ratificó la decisión. Santoyo salió del esquema de seguridad de Uribe pero siguió vinculado a la Policía mientras se conocía el resultado de la apelación del oficial ante el Consejo de Estado.

En 2006, el alto tribunal reversó la decisión de la Procuraduría, basándose en que los delitos ya habían prescrito. Santoyo había exigido en su apelación que fuera reintegrado y llamado al curso de ascenso, es decir, para general. Y así ocurrió en 2007, tras obtener el visto bueno de la junta de generales de la Policía y del Congreso.

Durante la ceremonia de ascenso En 2008 el general (r) Santoyo Velasco fue enviado a Italia como agregado de la embajada. Uribe nunca dudó de la naturaleza legal de sus actos, y en entrevistas como la que le dio a RCN Radio en febrero de 2007 expresó: “Yo defiendo al coronel Santoyo”, criticando además la sanción disciplinaria: “Dijo la Procuraduría que era su hecho del año, haber destituido al jefe de seguridad de la Presidencia”. En la ceremonia de ascenso de Santoyo, manifestó un “sentimiento de gratitud” hacia su trabajo.

http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=AME&pagina=http://www.elespectador.com 

Fiscalía citará a 40 dirigentes políticos por nexos con 'paras'

Por: Elespectador.com

Son señalados de haber participado en el proyecto político "Urabá Grande Unida y en Paz" comandado por 'El Alemán'.
En los próximos días la Fiscalía citará a indagatoria a 40 dirigentes políticos de Córdoba y el Urabá antioqueño por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares.
Se busca establecer la posible participación y vinculación de estos dirigentes en el llamado proyecto político "Por un Urabá Grande Unida y en Paz" el cual fue comandado por Freddy Rendón Herrera, alias 'El Alemán'.

Según algunos testigos y documentos recogidos en los últimos meses señalan a estas personas en los que presuntamente haberse comprometido a apoyar el proyecto político de los paramilitares en dichos departamentos a cambio de unos cargos y puestos.

Una comisión de fiscales se desplazará en los próximos días a la ciudad de Medellín en donde deberán comparecer las personas que citadas por sus presuntos nexos con los Bloques Norte y Héroes de María.

Al culminar la diligencia, la Fiscalía definirá si dicta medida de aseguramiento contra los vinculados al proceso de la parapolítica en contra de estas personas entre las que se destacan exalcaldes, exdiputados y exconcejales, entre otros.


Familiares del expresidente Uribe tendrían nexos con el cartel de Sinaloa




El periodista Gonzalo Guillén escribió un artículo en el que revela que una cuñada y una sobrina del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, fueron detenidas en Colombia con fines de extradición hacía los Estados Unidos, como presuntas responsables de tráfico de cocaína y lavado de activos en sociedad con Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias 'El Chapo Guzmán', jefe del cartel de Sinaloa.

Dolly Cifuentes Villa, alias 'La Meno' es la esposa del fallecido Jaime Alberto Uribe Velez, hermano del exmandatario y madre de Ana María Uribe Cifuentes. La Corte Suprema de Justicia aprobó su extradición el ocho de febrero de 2012, pero fue suspendida el mes pasado por medio de una resolución del ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra.

Sin embargo se conoció que el pasado jueves la Presidencia de la República avaló su extradición, que podría hacerse efectiva la próxima semana, mientras que Ana María, según el periodista Guillen no aparece por ninguna parte y las autoridades no an información al respecto.
"Una fuente autorizada del alto gobierno en Colombia que pidió no ser identificada sostuvo que el paradero de la sobrina de Uribe Vélez es desconocido a pesar de que se supone está presa en la cárcel de Mujeres El Buen Pastor, de Bogotá", señala en su artículo.

Agrega que el expediente de extradición de Ana María Uribe Cifuentes no aparece en la Corte Suprema de Justicia y que además no dan explicaciones al respecto, sobre todo cuando investigaciones la señala a ella y a su madre de nexos con el narcotráfico y que además hacen parte de la lista 'Clinton'.

"Ambas mujeres pertenecen al clan familiar Cifuentes Villa que, de acuerdo con la DEA, introdujo a Estados Unidos al menos 30 toneladas de cocaína entre 2009 y 2011 y lavó dinero del narcotráfico en Colombia, Ecuador, Uruguay, Panamá y México", precisa el artículo.


Sobrina y cuñada de Álvaro Uribe apresadas en Colombia con fines de extradición a EE.UU. por ser “socias y aliadas estratégicas” del cartel de Sinaloa, según la DEA

Por:

 

 

MIAMI.- Una cuñada y una sobrina del ex presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez fueron apresadas en Colombia con fines de extradición a Estados Unidos, acusadas de tráfico de cocaína y lavado de activos en sociedad con Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, mejor conocido como “El Chapo Guzmán”, jefe del cartel mexicano de Sinaloa.

“El Chapo Guzmán” es el criminal más buscado por Estados Unidos alrededor del mundo y se ofrece una bolsa de US$ 5 millones para quien revele su paradero.

La cuñada de Uribe Vélez, Dolly Cifuentes Villa, apodada “La Meno”, de 48 años de edad, es la madre de la también presa e imputada en la misma causa Ana María Uribe Cifuentes, de 31 años. El padre de esta última, hermano menor del ex presidente Uribe Vélez,  es el difunto agrónomo Jaime Alberto Uribe Vélez, quien fuera conocido también como “Arepa” ó “El Pecoso”, con cédula de ciudadanía colombiana número 15367461. Murió de cáncer en la garganta  en Medellín el 24 de septiembre de 2001 y sus restos mortales hoy reposan en un osario en la cripta de la parroquia de Santa Teresita, de Medellín.

La extradición de Dolly Cifuentes Villa fue aprobada por la Corte Suprema de Justicia de Colombia el 8 de febrero de 2012 pero fue suspendida en mayo pasado por medio de una resolución del ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra. No obstante, a la una de la tarde de este jueves se reinició y la Presidencia de la República dijo que será extraditada la semana entrante, posiblemente.

En cambio, una fuente autorizada del alto gobierno en Colombia que pidió no ser identificada sostuvo que el paradero de la sobrina de Uribe Vélez es desconocido a pesar de que se supone está presa en la cárcel de Mujeres El Buen Pastor, de Bogotá.

El expediente de extradición de Ana María Uribe Cifuentes, nacida en Medellín el 1 febrero de 1980, no aparece en la Corte Suprema de Justicia de Colombia, donde debería estar radicado. Nadie tiene allí una explicación, pese a que esta sobrina de Uribe Vélez fue arrestada correctamente en Medellín por la Fiscalía General de la Nación con fines de extradición y a instancias expresas del Gobierno de Estados Unidos.

Ambas mujeres pertenecen al clan familiar Cifuentes Villa que, de acuerdo con la DEA, introdujo a Estados Unidos al menos 30 toneladas de cocaína entre 2009 y 2011 y lavó dinero del narcotráfico en Colombia, Ecuador, Uruguay, Panamá y México.

La Presidencia de Colombia dijo este viernes desconocer el paradero de Ana María Uribe y tampoco tuvo una explicación al hecho de que no aparezca su expediente de extradición.

El Instituto Penitenciario de Colombia, INPEC, no respondió a este periodista un pedido de información sobre los antecedentes carcelarios de Dolly Cifuentes Villa y su hija Ana María Cifuentes. Tampoco indicó en qué cárceles se podrían encontrar.

Dolly Cifuentes Villa y su hija Ana María Uribe aparecen en la “Lista Clinton” del gobierno de Estados Unidos. En ella, Washington recoge los nombres de empresas y personas vinculadas al narcotráfico y el terrorismo alrededor del mundo con las cuales los ciudadanos estadounidenses tienen prohibido hacer negocios.

Los apresamientos fueron practicados por la Fiscalía General de Colombia con la cooperación de la Policía Nacional y agentes federales de Estados Unidos.

La extradición a Estados Unidos de Dolly Cifuentes Villa fue aprobada por la Corte Suprema de Justicia de Colombia el 8 de febrero de 2012 pero solamente se podrá conceder cuando, en última instancia, la ordene por decreto el Presidente de la República, Juan Manuel Santos.

La embajada de Estados Unidos en Ciudad de México indicó que Ana María Uribe operaba con “los colombianos Mauricio Bárcenas Rivera, Omar Mejía Zuloaga y el ecuatoriano-uruguayo Jesús María Castro”.

Jaime Alberto Uribe Vélez, el padre de Ana María, fue apresado en 1986 por tropas de la IV Brigada del Ejército de Colombia porque desde su radio-teléfono la inteligencia militar registró llamadas a Pablo Escobar pero nunca fue juzgado por este caso.

Otro hermano de Uribe, Santiago Uribe Vélez, tiene abierto un expediente en la Fiscalía General de Colombia. Es señalado de haber organizado y liderado el escuadrón de la muerte conocido como “Los Doce Apóstoles”, responsable de al menos medio centenar de asesinatos. El principal testigo de cargo en este caso es el ex mayor de la Policía Nacional Juan Carlos Meneses, quien ha confesado su participación en varios de los crímenes del grupo paramilitar que tenía su base de operaciones en la hacienda “La Carolina”, propiedad del ex presiente Uribe Vélez y sus hermanos.

Meneses y otros testigos que dicen haber pertenecido a “Los doce apóstoles” sostienen que en aquella hacienda existen fosas comunes con los restos mortales de víctimas de la organización.