Domingo 12 de Octubre 2014.
Altos funcionarios del gobierno estiman
que "el proceso de paz está casi en un punto de no retorno", lo que
indicaría que habrá acuerdo pronto. Es lo que se puede leer en el
positivismo mediático aunque en la realidad política esa posibilidad se
ve algo distante, a juzgar por el contenido de las reformas que el
gobierno puso en trámite en el parlamento nacional.
Ninguna reforma en trámite se parece a lo acordado en La Habana, lo
que pone en evidencia que la expansión de la democracia por ahora queda
postergada como una grave constancia de que el gobierno nacional se
resiste a remover las causas del alzamiento armado, dándonos la razón a
quienes por las armas o por el camino de la lucha social y política,
reivindicamos la democracia como un primer paso para la reconciliación
nacional.
Es positivo alentar la esperanza de paz luego de 50 años de guerra;
lo que es incorrecto, ética y políticamente, es crear falsas
expectativas de paz cuando al país se le imponen políticas
reaccionarias que profundizan la violencia, la pobreza y la desigualdad
social. Y es peor, que se diga que estamos a un paso de lograr la paz
cuando el terrorismo de Estado se ensaña contra los defensores de DD HH,
y líderes de movimientos políticos y sociales.
No vengan a decirnos que más allá del paramilitarismo no está la mano
tenebrosa de empresas transnacionales, de algunos grupos empresariales
de etiqueta nacional, de latifundistas, de instituciones del Estado y de
políticos de derecha que participan del conciliábulo que sumergió al
país en la guerra interna. Este asunto hay que resolverlo sin más
dilaciones.
Está claro que el paramilitarismo es apenas un instrumento de algunos
factores de poder, que cuando no actúa directamente, en su nombre lo
hacen algunos comandos de las fuerzas armadas o de la policía. Por ello
la solución está en manos del Estado y no en otras.
Activos como están los enemigos de la paz es imposible pensar que se
ha avanzado tanto como para decir que estamos transitando ya hacia lo
que suelen llamar el "posconflicto", cuando en la realidad se está es
escalando la confrontación bajo cálculos aritméticos porfiados e
ilusorios en los que proyectan, que a más insurgentes muertos, más
condiciones se le pueden imponer a las FARC-EP en la Mesa de diálogo.
La confrontación armada debe cesar para alivio sobre todo de la
población que padece su rigor, pero no basta con ello. Desde ya se deben
implementar políticas para la normalización nacional que implican
esfuerzos integrales y simultáneos. Es decir, un compromiso de todos los
factores de poder con la solución política al conflicto. Dicha
normalización debe ser consecuencia de la solución de grandes problemas
políticos, económicos, sociales, ambientales y culturales que
configuran el gran mapa de la desigualdad y la pobreza. Pero esta no se
ve en el horizonte del gobierno nacional.
Si los factores de poder político y económico dominantes no transigen
para lograr soluciones de fondo a las causas de la rebelión armada y de
la inconformidad social, objetivamente la paz no está a la vuelta de la
esquina como lo pregona el gobierno. Es más probable que pronto digan
que la guerrilla dio un paso atrás y que por nuestra culpa no se logró
el propósito nacional de la reconciliación. Pero quiénes son realmente
los responsables: ¿quiénes abogamos por el armisticio y los cambios que
benefician al pueblo, o quienes persisten en el guerrerismo mientras se
entregan nuestras riquezas naturales a las transnacionales?
La transparencia con el país en este proceso de conversaciones está
en el ensamble de la voluntad política manifiesta y la acción política
concreta para implementar lo que se le ha prometido a Colombia. Lo
demás, es baratija demagógica.
