Viernes 11 de Abril 2014
Mandatos para el buen vivir, por la reforma agraria estructural, la soberanía, la democracia y la paz con justicia social
/ Viernes 11 de abril de 2014
1. Tierras, territorios colectivos y ordenamiento territorial
El país necesita un proceso de Ordenamiento Territorial donde sean
las comunidades quienes redefinan la manera como se organiza la
producción, se distribuye el uso del suelo, se gobierna el subsuelo, y
se protegen el aire, el agua, los ecosistemas estratégicos y los medios
de vida de las comunidades agrarias. Ese ordenamiento apuntará a
armonizar la conservación del medio natural con el aprovechamiento para
la pervivencia de las comunidades agrarias.
Por lo anterior, Exigimos y mandatamos:
1. Que sean las comunidades y los pueblos quienes definan cuáles
deben ser los usos del territorio y las maneras de habitarlo,
conservarlo y cuidarlo conforme a las cosmovisiones de los pueblos y
comunidades agrarias, de acuerdo a una política diferencial propia que
incluya a las distinciones étnicas, regionales y productivas, y que
garantice la seguridad jurídica para los territorios individuales y
colectivos.
El ordenamiento territorial exigido tendrá como base la definición y
el respeto de las figuras colectivas de gobierno propio y defensa del
territorio, incluyendo:
• Resguardos indígenas y territorios ancestrales
• Territorios colectivos afrocolombianos
• Zonas de Reserva Campesina
• Zonas Agroalimentarias
• Zonas de biodiversidad
• Territorios interétnicos e interculturales
• Otras formas de ejercicio de la territorialidad de las comunidades.
Estas tendrán el carácter de inalienables e imprescriptibles.
Las organizaciones, comunidades, autoridades y pueblos movilizados o
que por decisión autónoma se incluyan en el proceso, desarrollaremos una
ruta propia de definición de los términos del ordenamiento territorial
para garantizar la permanencia en el territorio y la convivencia
interétnica e intercultural. Esa ruta propia hace parte de una
iniciativa de paz impulsada por las organizaciones campesinas,
indígenas, afro y urbano-populares que participen del proceso.
2. Que el gobierno nacional nos dé garantías para la elaboración de
esa ruta de ordenamiento territorial y que las figuras mencionadas sean
consignadas en la normativa colombiana y sean reglamentadas conforme a
las decisiones de las organizaciones, pueblos y comunidades
participantes. Incluyendo el reconocimiento constitucional de la
territorialidad colectiva campesina.
3. Una política de reforma agraria integral que redistribuya y
democratice la propiedad de la tierra, que desmonte el latifundio como
expresión histórica de la desigualdad y genere acceso seguro a la tierra
para quienes carezcan de ella, así como la garantía de la autonomía
territorial para campesinos, indígenas y afro. Esa política de reforma
agraria deberá construirse de la mano con las organizaciones rurales y
urbano-populares.
Esta política debe tener un enfoque territorial y no simplemente de
acceso a la tierra, de ahí que no se deba limitar a la dotación de
tierra para las comunidades rurales, sino que redistribuya el conjunto
de bienes comunes que se encuentran en los territorios rurales y en los
márgenes entre lo rural y lo urbano, asegurando su cobertura, garantía y
acceso para los pueblos indígenas, afro, campesinos y urbano-populares.
3. La constitución de un fondo de tierras que se alimente de los
predios despojados, de las propiedades de los narcotraficantes, de
aquellos que no cumplan con la función social de la propiedad, que
atenten contra su vocación natural y los baldíos apropiados ilegalmente
por la agroindustria.
4. Que se reconozcan los derechos históricos de los pueblos
indígenas, el pueblo raizal y las comunidades afro a sus territorios, y
en especial la propiedad colectiva inalienable de los resguardos
indígenas, territorios ancestrales y territorios de las comunidades
afro.
5. Que se completen los procesos de titulación colectiva para pueblos indígenas y afros que aún están pendientes.
6. Que se detengan todos los planes y proyectos que amenazan el goce
de la tierra para las comunidades campesinas, indígenas y afro, entre
ellas el derecho de superficie y los mercados de carbono en favor de
empresarios nacionales o extranjeros. Consideramos que esas medidas son
otra forma de despojo contra los pueblos.
7. Que se aplique el derecho de prevalencia para los territorios de
las comunidades indígenas, afro y campesinas, en caso de disputas con
transnacionales, terratenientes y despojadores.
8. Que la consulta previa, y el consentimiento previo libre e
informado, se amplié a las comunidades campesinas, extendiendo la
aplicación del convenio 169 de la OIT. Garantizar con carácter
vinculante el derecho a la consulta previa y al consentimiento previo,
libre e informado a las comunidades campesinas, indígenas,
afrodescendientes sobre proyectos y normativas que afecten su entorno,
en lo social, en lo político, en lo ambiental, en lo económico y lo
cultural.
9. Que se declaren nulas las compras masivas de tierras que han hecho
las empresas que han violado la ley 160 de 1994, al adquirir
extensiones mayores a las UAF autorizadas en dicha norma.
10. Que los baldíos se destinen exclusivamente a garantizar el
derecho a la tierra de los campesinos, trabajadores rurales, población
afrocolombiana e indígena.
11. Que se proscriban todas las formas de extranjerización de la
tierra. En ningún caso personas naturales o jurídicas de origen
extranjero podrán apropiarse, usar, arrendar superficie o generar
ninguna forma de tenencia sobre la tierra.
12. El cumplimiento y fortalecimiento de la legislación relativa a la
extinción de dominio de las tierras que no cumplan con la función
social y ambiental de la propiedad.
13. La restitución integral de las tierras despojadas a las familias,
comunidades y pueblos víctimas del desplazamiento forzado, teniendo en
cuenta enfoques colectivos y énfasis comunitarios en tales procesos de
reparación.
14. La devolución de tierras expropiadas por endeudamiento campesino.
15. El reconocimiento del enfoque diferenciado y con perspectiva de
género del acceso, uso y goce del territorio y la tierra para las
mujeres.
16. La creación de una nueva institucionalidad pública para darle
cumplimiento al nuevo ordenamiento territorial, la reforma agraria, la
protección ambiental y demás disposiciones del pliego.
17. El mar es otra expresión territorial, que necesita la garantía de
los derechos de las comunidades costeras y de pescadores artesanales.
2. La economía propia contra el modelo de despojo
El avance y profundización del modelo neoliberal ha generado graves
perjuicios a la economía nacional, en especial a las formas de
producción, comercialización y consumo propias de las comunidades
campesinas, indígenas y afrocolombianas. Lo anterior ha impactado
negativamente la soberanía alimentaria de los pueblos y de la nación. El
libre mercado ha generado un modelo de despojo que afecta el buen vivir
de las y los pequeños productores, favoreciendo los intereses de
latifundistas y multinacionales del agro. Como resultado se han afectado
los intereses económicos de las comunidades rurales, las prácticas
culturales y de vida asociadas a estos.
Por lo anterior, Exigimos y mandatamos:
1. La transformación del modelo productivo del país, apuntando a una
política económica planificada y agroecológica que regule el mercado,
basada en el fortalecimiento de la economía campesina, indígena y
afrocolombiana. Ese nuevo modelo debe impulsar un sistema de economía
campesina que desarrolle una política pública para recuperar el campo
colombiano de la quiebra generada por las políticas aperturistas y de
libre comercio.
2. La implementación de una política que restrinja y regule el uso y
precio de los agroquímicos, así como el inicio de un proceso de
reconversión de la producción nacional hacia un modelo agroecológico,
creando un sistema nacional de asistencia técnica basada en el respeto
al ambiente y a los saberes tradicionales de los pueblos y comunidades.
3. Condonación de las deudas y retiro de los embargos a tierras y
propiedades del campesinado adquiridas a través del sistema financiero.
Acceso al crédito agropecuario con tasas no determinadas por la lógica
de mercado.
4. Creación y fortalecimiento de cooperativas de ahorro para el
campesinado y comunidades rurales, con financiación del Estado y
dirigidas por las organizaciones comunitarias.
5. El desmonte de todos los tratados de libre comercio, inversiones,
propiedad intelectual y servicios firmados por Colombia, y la detención
de la aprobación de nuevas normas, tratados y acuerdos internacionales
de cooperación que vulneren la producción agropecuaria nacional.
Exigimos que se priorice la integración con los pueblos de Nuestra
América Latina y el Caribe, en el marco de la protección de la
producción nacional. Entretanto, exigimos que todo tratado de comercio
internacional, inversiones, propiedad intelectual y servicios sean
consultados con el pueblo colombiano.
6. Un régimen de subsidios que proteja la producción nacional, en
especial a los sectores afectados por la apertura, en la cual se
establezca por parte del Estado precios de sustentación rentables y
seguros de cosecha. De igual manera, exigimos la instauración de un
sistema de compra y distribución estatal de alimentos y productos
agropecuarios. Establecer subsidios al transporte de alimentos y
productos de comunidades campesinas, indígenas y afros.
7. Un plan de choque para el estímulo a la producción de alimentos
básicos por parte de los pequeños productores, que tendrá como base el
apoyo a la economía campesina en los términos propuestos en el punto
anterior. El fortalecimiento de los mercados campesinos y locales,
buscando la integración regional, en el marco de las prácticas de
comercio justo y eliminando la figura de los intermediarios.
8. Una política de apoyo a la transformación de alimentos y productos
agropecuarios desde las comunidades rurales, generando procesos de
industrialización acordes con los intereses de las mismas.
9. La prohibición de la importación de los productos agropecuarios estratégicos para la economía nacional.
10. La derogación de las leyes de semillas que regulan su propiedad
intelectual (patentes y derechos de obtentores vegetales), y que
propician su privatización, de manera que el gobierno deje de perseguir
al campesinado por guardar, proteger o intercambiar semillas. Exigimos
que se deroguen las leyes 1032 de 2006, la 1518 de 2012 y la resolución
970 del ICA.
11. La creación de un sistema nacional, regional y local de promoción
y apoyo a la producción, selección, multiplicación y difusión de
semillas originarias, que no tengan registro de propiedad intelectual,
ni normas que controlen la producción, la libre circulación y
comercialización por las comunidades campesinas, indígenas y
afrocolombianas. Así como el apoyo económico y técnico, de forma
descentralizada, para el establecimiento de casas custodias de semillas,
manejadas y controladas por las organizaciones y comunidades agrarias.
12. Enfocar la propuesta investigativa y académica de las
universidades según el contexto y las necesidades del agro colombiano,
en particular de los pequeños productores, reconociendo y articulando
los saberes y conocimientos propios ancestrales e históricos de
campesinos, indígenas y afrodescendientes.
13. La protección de la soberanía alimentaria nacional desde lo local
y que sea declarada como utilidad pública, interés social y bien común
de la nación.
14. La reglamentación del capítulo VII de la ley 70, en lo
relacionado con el fomento al desarrollo de los territorios colectivos y
tradicionales afro. Dicha reglamentación se hará conforme a la consulta
previa y el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos.
15. Financiación del sector agrario, en particular del
fortalecimiento de la pequeña y mediana producción ,especialmente de
alimentos, mediante un fondo nacional cuyos recursos provengan, entre
otros, de la eliminación de las exenciones tributarias a grandes
empresas de capital nacional y trasnacional, así como de la explotación
de recursos minero energéticos.
3. Minería, energía y ruralidad
La mala gestión y el saqueo de los recursos naturales
minero–energéticos afecta gravemente a la madre tierra y las comunidades
rurales, genera impactos ambientales que ponen en riesgo la vida de los
pueblos y la biodiversidad, persigue y criminaliza a los pequeños
mineros, y solo beneficia las empresas transnacionales que se enriquecen
gracias al modelo económico impulsado por el gobierno colombiano. En
ese marco, reivindicamos la necesidad de construir un nuevo modelo
minero–energético basado en la soberanía nacional, el aprovechamiento
planificado, el desarrollo tecnológico propio, la protección ambiental y
la redistribución de los rendimientos generados por las actividades
mineras y energéticas.
Por lo anterior, Exigimos y mandatamos:
1. Que se inicie un proceso democrático de discusión de una nueva
política nacional minero–energética, con participación efectiva de las
comunidades campesinas, indígenas, afro y los pequeños mineros
tradicionales y de sobrevivencia, a través de un ejercicio de
legislación popular e incluyente.
2. Exigimos la reformulación del modelo de redistribución de las
rentas petroleras y minero-energéticas, con el fin de fomentar, promover
e invertir en el desarrollo rural, y obtener mayores recursos para la
inversión social y la garantía de los derechos de las comunidades.
3. Detener la concesión de títulos mineros y la adjudicación de
bloques petroleros, hasta tanto se defina concertadamente con las
comunidades rurales y los trabajadores del sector la política
minero-energética del país.
4. Una moratoria minera que congele la adjudicación de títulos
mineros en todo el país. La moratoria se aplicará hasta que se den
condiciones reales para una explotación minera razonable para el país y
las comunidades.
5. La reversión de los bloques petroleros y las concesiones otorgadas
a las multinacionales en casos de grave deterioro ambiental, detrimento
de los recursos de la nación y violación de los derechos de los
trabajadores.
6. La reversión de todos los títulos mineros que se han aprobado en
territorios ancestrales, indígenas y afros sin haber efectuado la
consulta previa, libre e informada.
7. Que no se aprueben nuevos títulos mineros en territorios
ancestrales, en territorios indígenas y afros, sin pasar por el
requisito de la consulta y el consentimiento previo, libre e informado.
En caso aprobatorio de las comunidades, que se garantice el derecho
prevalente de las comunidades étnicas a ser beneficiarias de las
concesiones y se brinden garantías para la minería artesanal.
8. Que en ningún caso se aprueben proyectos minero–energéticos,
(títulos, concesiones y similares) sin el requisito de la licencia
social, es decir, sin la autorización derivada de la realización de
consultas campesinas y populares en los territorios que puedan verse
afectados. Tales consultas se realizarán durante la fase de solicitud
del proyecto, del título o la concesión.
9. Que deje de considerarse la minería como actividad de utilidad pública y de interés social de la nación.
10. Que en el desarrollo de la política minera se garantice el
estricto respeto por el agua, los páramos, bosques, áreas protegidas,
zonas de biodiversidad y agroalimentarias, zonas de reserva campesinas,
territorios ancestrales y resguardos indígenas, territorios colectivos
de comunidades negras, fuentes de agua y todos los ecosistemas
estratégicos para la vida y la biodiversidad. Por lo anterior, que no se
apruebe ningún título minero en dichos territorios.
11. Suspender la implementación de megaproyectos hidroeléctricos que
afecten los territorios y comunidades campesinas, indígenas y afro, y
promover la implementación de alternativas de abastecimiento energético a
partir de tecnologías apropiadas y limpias.
12. Revocar las licencias ambientales de megaproyectos
hidroeléctricos, hasta tanto no se tenga una comisión nacional de
represas que garantice el cumplimiento de las demandas de los afectados
por las hidroeléctricas.
13. La reestructuración de la fórmula que define los precios de
combustibles, para garantizar un costo de vida más equitativo para el
conjunto de la población, procurando la regulación ambiental de la
extracción, procesamiento y comercialización de hidrocarburos.
14. Reconocer y reparar a las víctimas y afectados por los proyectos
minero-energéticos e hidroeléctricos. 15. Suspender los proyectos de
fracking apelando al principio de precaución.
4. Cultivos de coca, marihuana y amapola
Ante el fracaso y la arbitrariedad de la política antidrogas del
Estado Colombiano, consideramos crucial redefinir los lineamientos que
han configurado el tratamiento a los cultivos de coca, marihuana y
amapola.
Por lo anterior, Exigimos y mandatamos:
1. El cumplimiento de los compromisos adquiridos con los procesos
organizativos de los cultivadores de coca, marihuana y amapola en
movilizaciones pasadas.
2. Un programa de sustitución de cultivos social, gradual,
concertada, estructural y ambiental de hoja de coca, marihuana y amapola
que supere la puesta en marcha de programas de erradicación violenta y
aspersión con glifosato que atentan contra la vida digna de las
comunidades Indígenas, Afro descendientes y Campesinos. Rechazamos la
sustitución basada en la imposición de cultivos agroindustriales como la
palma de aceite, el caucho y otros similares. Serán las comunidades
quienes impulsen las propuestas de sustitución, no el gobierno nacional.
3. Un programa de sustitución social, gradual, concertada,
estructural y ambiental que permita generar una fuente alternativa de
ingresos para los cultivadores de coca, marihuana y amapola. Dicho
programa deberá hacerse con énfasis en el ordenamiento y la planeación
territorial, acordando procedimientos, tiempos y mecanismos con las
comunidades agrarias y sus organizaciones representativas, basado en el
reconocimiento, la formulación y ejecución de Planes de desarrollo
sostenibles, integrales y de vida.
4. La liberación de las y los presos judicializados por actividades
ligadas al cultivo y recolección de marihuana, coca y amapola.
5. No aplicación de la extinción de dominio en los predios de los pequeños cultivadores de marihuana, coca y amapola.
6. Una política de sustitución basada en la promoción de cultivos
productivos propios de la economía campesina que sean comerciables y con
seguros de cosecha a corto, mediano y largo plazo. Tal política se
sustentará en dos ejes orientadores: el primero se refiere al diseño e
implementación de Sistemas Productivos Sostenibles y el segundo a la
estabilización y garantía de la integralidad de derechos.
7. Programas de sustitución basados en la estabilización de los
Sistemas Productivos Sostenibles y atendiendo a 6 líneas de acción:
acceso a tierra, sistemas productivos sostenibles, mejora de
infraestructura, transformación y agregación de valor en el predio,
acceso a asistencia técnica y tecnología, y acceso a mercados.
8. Respetar y fortalecer los usos tradicionales, medicinales,
alimenticios e industriales de la hoja de coca, amapola y marihuana, en
el marco de los sistemas productivos de las comunidades agrarias.
9. Apoyo por parte del Estado a la producción e industrialización de
alimentos, medicinas y otros productos derivados en los cultivos de
coca, amapola y marihuana.
10. Garantizar el despliegue comunicativo nacional a través de todos
los medios disponibles para difundir, educar y capacitar a las
comunidades sobre el uso sagrado y ancestral relacionado con el cultivo
de coca, amapola y marihuana.
11. No otorgar patentes para las plantas de coca, marihuana y amapola y los productos de uso lícitos.
12. El tratamiento del consumidor como un asunto de salud pública, incluyendo su atención en el sistema de salud.
5. Derechos políticos, garantías, víctimas y justicia
Debido a la falta de reconocimiento político de los derechos de los
campesinos, la insuficiente garantía de los derechos de afrocolombianos e
indígenas, el alto número de violaciones a los derechos humanos, la
falta de garantías para las organizaciones sociales y populares, la
constante estigmatización, persecución y criminalización de quienes se
movilizan para buscar una sociedad más justa y en paz, persistimos en
reivindicar el respeto a nuestros derechos y en demandar las garantías
mínimas para vivir en una sociedad democrática.
Por lo anterior, Exigimos y mandatamos:
1. La verdad, justicia y reparación integral por las violaciones a
derechos humanos perpetradas contra las comunidades agrarias y
populares, y la no repetición de estas prácticas.
2. El desmonte total de las estructuras paramilitares y la
judicialización penal de sus actores, con una veeduría internacional que
garantice la transparencia de dicho proceso. Realizar investigaciones
eficaces que revelen los vínculos entre diversos sectores económicos,
políticos, y militares con los paramilitares.
3. La conformación de una comisión de la verdad y una política de
recuperación de la memoria histórica de las violaciones a los derechos
humanos en búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación, que
difunda de manera masiva sus resultados. Dicha política debe garantizar
el acompañamiento psicosocial y pedagógico a las víctimas, así como el
reconocimiento tanto a las comunidades vulneradas como a las
asociaciones de víctimas, de manera concertada.
4. Garantías para la permanencia en los territorios, en especial para las comunidades campesinas, indígenas y afro.
5. Garantías para una verdadera y genuina política de restitución de
tierras despojadas así como el reconocimiento de los territorios
sagrados para los pueblos indígenas.
6. Justicia, verdad, reparación integral y no repetición por las
personas detenidas, heridas y asesinadas por el Estado en el marco de
las movilizaciones sociales.
7. Investigación, judicialización y castigo de los autores, así como
el reconocimiento de la responsabilidad del Estado en la movilización
social de las décadas de los 90´s, 2.000 y 2010, particularmente de los
19 homicidios y cerca del millar de heridos ocurridos en el marco de las
movilizaciones del paro de Catatumbo, paro nacional agrario y la minga
indígena del 2013. Reivindicando así su memoria y garantizando los
derechos de verdad, justicia, y reparación que le asisten a los
familiares de las víctimas.
8. Garantías para el derecho a la protesta social y la movilización,
así como la libertad inmediata de las personas detenidas en las
protestas y los presos políticos. Que la protesta social no tenga un
tratamiento militar ni intimidatorio.
9. Celeridad y efectividad en las investigaciones y procesos
judiciales que recaen sobre responsables de graves violaciones a los
Derechos Humanos y amplia difusión de sus resultados.
10. El traslado de todas las investigaciones sobre ejecuciones
extrajudiciales que son conocidas por la justicia penal militar a la
unidad de DDHH y DIH de la Fiscalía.
11. Solución estructural a la crisis carcelaria y la declaratoria de
la emergencia social en esta materia. Reformulación de la política
criminal actualmente basada en la privación de la libertad, la
criminalización de la pobreza, la protesta social y otras garantías y
libertades ciudadanas, hacia una política que priorice la inclusión
social, el respeto de garantías y la prevención del delito.
12. Tomar medidas efectivas contra la mal llamada “limpieza social”
ejecutada, principalmente en contra de los jóvenes, por funcionarios del
Estado y las estructuras paramilitares, e imponer ejemplares sanciones a
los responsables. 13. Garantías jurídicas y administrativas para el
ejercicio de la oposición.
14. Derogación de la ley de seguridad ciudadana, y libertad inmediata de las personas procesadas y condenadas bajo su vigencia.
15. Desmonte del ESMAD y prohibición del uso de las mal llamadas “armas de letalidad reducida”.
16. Reforma al régimen de servicio militar, que incluya el fin del
servicio militar obligatorio, la prohibición del reclutamiento forzado y
la garantía en la aplicación de las sentencias frente a la objeción de
conciencia. Se deben llevar a cabo Investigaciones disciplinarias y
penales por parte de autoridades civiles para miembros de la fuerza
pública que realicen prácticas de reclutamiento forzado, tanto en el
campo como en la ciudad. Además exigimos acceso universal de la libreta
militar para jóvenes y personas que no tengan resuelta su situación
militar, y se elimine su carácter de requisito para trámites con el
Estado.
17. Igualdad de derechos políticos, sociales y económicos entre
hombres y mujeres, desde una perspectiva de género y de libertades
sexuales y reproductivas, asegurando una equitativa participación
política en las instancias de decisión en los asuntos que afectan sus
vidas.
18. Garantías reales para que los cuerpos de las mujeres y niñas no sigan siendo ni instrumento, ni botín de guerra.
19. Cese de la violencia contra la mujer. Tipificación del
feminicidio como un delito específico y diferenciado en el código penal.
Aplicación efectiva de la ley 1257 de 2008.
20. Reconocimiento con carácter vinculante de los derechos plasmados
en el proyecto de la Declaración sobre los derechos de las campesinas y
los campesinos que hace trámite en la ONU. Exigimos que el Estado
colombiano adopte de manera plena y perentoria la Declaración Universal
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Exigimos la incorporación
de estas directrices y derechos a la legislación interna, desarrollando
políticas públicas que garanticen su promoción y exigibilidad. Mientras
se surte el trámite para el cumplimiento de la exigencia anterior,
requerimos el desarrollo de una política transitoria en favor de
campesinos, indígenas y afro.
21. Participación amplia, efectiva y con carácter decisorio en las
instancias de planeación y definición de la política de producción
agropecuaria y desarrollo rural, para las organizaciones y comunidades
campesinas, a través de mecanismos definidos de manera autónoma.
Exigimos la democratización real de la Federación Nacional de Cafeteros y
otras federaciones similares. Exigimos la participación efectiva y con
carácter decisorio en los consejos y juntas directivas de las entidades
del Estado que tienen que ver con la atención a la población rural.
22. Garantías para la construcción de planes de vida donde se
determine lo que sucede en los territorios, reconociendo la posibilidad
de desarrollar modelos autónomos en cuanto al desarrollo de la tierra,
la educación, la salud, y la economía propias.
23. Cumplimiento perentorio de los autos 004 y 005 de la sentencia
T-025 de 2004, relativos a la situación de peligro de desaparición de
los pueblos indígenas y afro.
24. Respeto al DIH, incluyendo la prohibición de puestos de policía y
militares en los cascos urbanos y poblados; así mismo el respeto al
principio de distinción del Derecho internacional Humanitario, que no se
involucre la población civil en los conflictos armados. Lo anterior
incluye el cese de la persecución a la población civil mediante montajes
judiciales.
25. Reconocimiento y no estigmatización y persecución a las y los
Defensores de Derechos Humanos, líderes y lideresas sociales y
populares.
26. Desmonte, supresión y ordenamiento jurídico de la figura del
fuero penal militar. Que deje de aplicarse la figura del “blanco
legítimo”, las ejecuciones extra judiciales (falsos positivos), y otras
arbitrariedades similares.
27. Democratización de los medios de comunicación existentes, así
como el fortalecimiento de los medios alternativos, comunitarios,
regionales, y locales. Y la creación de nuevos medios de comunicación
con alta difusión y participación de los sectores populares. 28.
Democratización del espectro electromagnético.
6. Derechos sociales
Para los pueblos afro e indígenas y para las comunidades campesinas,
la educación, salud, el trabajo, vivienda digna y la recreación serán
concebidas como derechos, no como servicios, y se desarrollarán de
acuerdo a las necesidades, realidades y cosmovisiones de las
comunidades, con enfoque diferencial.
Por lo tanto, Exigimos y mandatamos:
1. El aumento de las partidas presupuestales para inversión social en
infraestructura y dotación para educación, vivienda, salud, vías,
producción, redes eléctricas, saneamiento básico, agua y alcantarillado
en las zonas rurales.
2. Una política educativa que propenda por un proyecto de educación
pública propia campesina que le permita a los estudiantes campesinos
tener una formación acorde a sus realidades y sus necesidades. Lo
anterior implica la construcción de un currículo y una pedagogía
diferenciada acorde con las territorialidades, y con la participación
decisoria de las comunidades campesinas y sus organizaciones. También
exigimos mayor formación docente y fortalecimiento de la planta docente
en el sector rural.
3. Cumplimiento y garantía de los programas de educación propia para pueblos afro, comunidades negras e indígenas.
4. Un plan progresivo para el acceso, cobertura integral de población
rural al sistema de educación básica, media, superior y técnica que
atienda y preserve la identidad de las comunidades agrarias y la
sostenibilidad de sus modos de vida.
5. El nombramiento inmediato de la planta docente calificada para la
educación que requieren las comunidades agrarias, dotada de los derechos
y condiciones laborales.
6. Derogar el acto legislativo 01 del 2001, el cual modifica los
artículos 347, 356 y 357 de la Constitución Política Nacional
relacionados con la educación; la ley 715 del 2001 y la ley 1294 del
2010, los cuales sustentan la privatización de la salud y educación,
entendiéndolas como servicios y no como derechos.
7. Derogar la ley 30 de 1992 de educación superior, y la concertación
con la sociedad de una nueva ley de educación pública, gratuita y de
calidad, que reconozca la educación como derecho fundamental, bien común
y con enfoque diferencial.
8. Condonación y congelamiento de las deudas del Icetex apuntando al subsidio a la oferta.
9. Que la salud deje de concebirse como negocio o mercancía para que
se garantice como derecho humano y fundamental. Exigimos la derogatoria
de todas las normas que mercantilizan la salud y niegan la garantía de
este derecho, entre ellos los artículos 48 y 49 de la constitución, la
ley 100 de 1993 y el proyecto de ley estatutaria sobre la salud y la
seguridad social.
10. Implementación de planes de medicina preventiva, tanto en zonas
rurales como urbanas, de acuerdo a las prácticas culturales de cada
comunidad o región. Reconocimiento y plenas garantías al ejercicio,
prestación y promoción de la medicina ancestral como parte de un nuevo
sistema de salud.
11. El fin de la política del subsidio a la demanda y que se
instauren políticas de subsidio a la oferta en salud y educación. Una
nueva política presupuestal que fortalezca las instituciones educativas
de todos los niveles y que saque de la crisis a la red hospitalaria que
ha sido sistemáticamente debilitada por los gobiernos nacionales desde
1993.
12. La concertación con la sociedad de una nueva política y
legislación en salud que garantice el derecho fundamental de forma
integral y que contenga elementos diferenciales para el campo.
13. El derecho fundamental al Trabajo digno, por medio de
contratación directa, garantías laborales, protección de la libre
asociación, derecho a la huelga y reparación a las personas perseguidas
por defender sus derechos sindicales.
14. La definición de un sistema de seguridad social para campesinos,
indígenas y afrodescendientes, con el cual se otorgue salud, pensión y
aseguramiento en riesgos profesionales.
15. Que se detenga la privatización y se reviertan el manejo a los
municipios de los servicios de saneamiento básico, agua y alcantarillado
teniendo un criterio social. Que los acueductos comunitarios sean
manejados por las comunidades con criterio social y no empresarial. El
agua será concebida como un derecho y bien común. Derogatoria de la ley
142 que posibilita la privatización del uso del agua.
16. La condonación de las deudas de los usuarios de servicios
públicos y que se levanten los embargos que se han efectuado por este
motivo.
17. Que se garantice un mínimo vital gratuito para las comunidades
rurales, urbanas y se implementen veedurías comunales a la prestación de
servicios públicos.
18. Garantía del derecho a la energía eléctrica rural y agua potable para los lugares que aún no cuenten con ellos.
19. Programas masivos de vivienda rural digna solucionando el déficit cualitativo y cuantitativo.
20. Respeto por la propiedad comunitaria para administración de
espacios de recreación y de servicios públicos, estas deben ser
iniciativas comunitarias, con el fin de mantener su función social.
21. Toda infraestructura debe ser construida en pro del bienestar de
las comunidades en consenso y no contra ellas, ni contra la madre
tierra, ni para el ejercicio militar.
7. Relación campo-ciudad
La configuración actual de la relación ciudad-campo exige una
respuesta inmediata y contundente por parte del movimiento social. La
tradicional distinción entre la ciudad y el campo ha generado grandes
problemáticas sociales y económicas donde se puede evidenciar la
relación de subordinación del campo a la ciudad. En ese orden, es
urgente eliminar las falsas barreras prescindibles entre ciudad y campo,
para avanzar en el afianzamiento de la alianza popular a través de
nuevos modelos alternativos de construcción territorial.
Por lo anterior, Exigimos y mandatamos:
1. La protección de todas las fuentes de agua del país, en especial
de aquellas que abastecen del líquido a las grandes ciudades. Exigimos
el manejo público y comunitario del agua y el desmonte de los
megaproyectos que amenazan las fuentes hídricas, su pureza y
distribución. Exigimos que el estado garantice la financiación y
administración de los acueductos comunitarios.
2. La cobertura universal de los servicios públicos domiciliarios a
los habitantes del territorio colombiano y la condonación de las deudas
contraídas por los ciudadanos y ciudadanas en esta materia.
3. Una nueva tabla de tarifas de servicios públicos, que correspondan
a los costos reales, con subsidios ampliados de parte del Estado y sin
los costos de especulación de la intermediación financiera.
4. Frenar la privatización de las empresas prestadoras de servicios
públicos y que éstas sean de carácter estatal o público con veeduría de
las comunidades.
5. En las ciudades, en especial en las grandes capitales, se deben
realizar pactos con las áreas rurales y municipios que las abastecen de
alimentos. Tales pactos o alianzas deben priorizar la articulación de
las zonas agroalimentarias, las de reserva campesina, los territorios
afrocolombianos, los resguardos indígenas y territorios ancestrales,
como despensas alimentarias y apoyo a las economías campesinas, en el
marco de acuerdos regionales de soberanía alimentaria y, si se requiere,
mediante asociación de municipios (como está previsto en la
Constitución Nacional). Tales pactos deben estar guiados por principios
de solidaridad y economía propia; en ese sentido, es necesario el
reconocimiento de las plazas de mercado populares por parte del Estado.
6. Inversión en vías de comunicación secundaria y terciaria para el pleno ejercicio del abastecimiento campo-ciudad.
7. Redefinición de criterios para las tarifas de impuesto predial,
tarifas más altas para grandes propietarios y más bajas para pequeños
propietarios.
8. Participación efectiva, pluralista y democrática de los sectores
sociales y populares impulsados desde sus dinámicas organizativas en el
ámbito local, regional y nacional para televisión, radio y prensa; a
través de la asignación de un canal de televisión nacional; la
liberación del uso del espectro electromagnético para las comunidades
agrarias, campesinas, étnicas y populares; el reconocimiento de las
emisoras legítimas (emisoras que no cuentan con la documentación estatal
para su funcionamiento) su no persecución y cierre; la publicación,
difusión y circulación de sus producciones escritas.
9. La creación de un sistema nacional de producción audiovisual
(cine, documental, argumental, corto, etc.) su realización,
distribución, difusión y circulación que refleje un contenido social,
formativo, recreativo, sin ánimo de lucro que plasme las dinámicas,
lógicas y lenguajes populares.
10. El Impulso, difusión y no persecución del arte gráfico como el grafiti, el mural, el diseño, entre otras.
11. La logística y parte operativa de los espacios de articulación de
los medios alternativos, comunitarios y populares en el trabajo local,
regional, nacional e internacional.
12. Demandamos garantías de regreso a los campos de las personas que
viven en las ciudades a causa de los desplazamientos, ya sea por motivos
de la violencia o de la construcción de megaproyectos. De igual forma,
exigimos que se brinden todas las garantías para aquellas personas que
decidan no retornar al campo. Exigimos al Estado el reconocimiento de
las problemáticas urbanas que surge de modelos de despojo del sector
rural.
13. Exigimos una reforma urbana integral que incluya:
• Hábitat y vivienda digna garantizada por el Estado, que contenga el
mínimo vital de servicios públicos con tarifas al alcance del
consumidor, en armonía con el medio ambiente. • El desmonte de la
especulación financiera y uso de suelo controlado por el mercado. • La
legalización de asentamientos informales que detenga el despojo
arbitrario por parte del Estado. • La creación de la ley orgánica de
plan de ordenamiento territorial urbano, que cuente con la participación
de las comunidades y sectores populares, teniendo como base las
diversas construcciones territoriales y planes de vida. • Participación
comunitaria en la toma de decisiones y en la generación de políticas
urbanas, planificación de presupuestos y dirección del recurso público,
para la construcción de planes de desarrollo y gobierno. Para ello,
demandamos las consultas previas y vinculantes de las comunidades. •
Transformación del modelo de movilidad urbana que frene la privatización
del transporte público, con reducción de tarifas del servicio,
incluyendo la implementación de planes para la movilidad alternativa.
8. Paz, justicia social y solución política
Las anteriores reivindicaciones y propuestas de país se constituyen
como parte de la agenda de paz que impulsamos desde los movimientos
agrarios, sociales y populares. Nuestra agenda de paz busca la justicia
social y la vida digna en los territorios.
Por lo tanto, Exigimos y mandatamos:
1. La solución política al conflicto social y armado. El avance de
los diálogos que se realizan en La Habana entre el gobierno y las
FARC-EP. El cese al fuego bilateral y la instalación de las mesas de
diálogos entre el gobierno nacional, el ELN y el EPL.
2. Las comunidades rurales, quienes conocemos la crudeza y el horror
del conflicto social y armado en sus peores manifestaciones, exigimos la
participación en los procesos de negociación, y exigimos que no se
levanten de las mesas de negociación. La implementación de una política
integral para la paz elaborada por los movimientos sociales y populares y
financiada por el gobierno nacional.
3. Garantías para un gran diálogo nacional, que se exprese en la
apertura de diálogos regionales en aquellos territorios donde la guerra
se vive con mayor rigor.
4. La desmilitarización de los territorios indígenas, campesinos,
afrodescendientes, urbanos, universitarios y el respeto de la autonomía
en los territorios que se encuentran en medio del conflicto social y
armado.
5. La eliminación de la doctrina de seguridad nacional. Por lo tanto
la reducción del pie de fuerza, depuración de las fuerzas militares,
retiro inmediato de las bases militares extranjeras en el país, fin a
los tratados de carácter militar con la OTAN, y desmontar el plan de
inteligencia y contrainteligencia.
6. La reestructuración del presupuesto nacional y limitación del
gasto de guerra. El gasto en defensa no puede ser mayor al de inversión
social.
7. Garantías para que las organizaciones, procesos y movimientos
puedan desarrollar su actividad organizativa y política para la
construcción del movimiento social por la paz.
8. Las garantías para avanzar en un proceso constituyente por la democracia, la justicia social y la paz.
