Semanario VOZ 23 Abril 2014.
La alianza entre narcotraficantes, políticos, terratenientes, empresarios y sectores de las fuerzas armadas, conocida como “paramilitarismo”, está vigente y se fortalece en todo el país y fuera de él. Un peligro contra el anhelo de reconciliación de los colombianos
Fernando Quijano.
Con el show montado por el gobierno de Álvaro Uribe muchos colombianos quedaron convencidos de la desmovilización del paramilitarismo. El país vio cómo algunos de sus cabecillas fueron extraditados a Estados Unidos y creyó que era el fin de una de las políticas causantes de la actual guerra.
Desde ese entonces, el establecimiento y la prensa oficial se
encargaron de hacer creer que el fenómeno era cosa del pasado y quienes
seguían traficando drogas, asesinando o desplazando a dirigentes
sindicales, campesinos y sociales, eran nuevos grupos que
eufemísticamente denominaron “bacrim”.
Pero muchas ONG, periodistas independientes y políticos de izquierda
no comieron cuento y advirtieron que había habido un relevo en sus
mandos y un reacomodamiento en sus formas de actuar.
Para conocer cómo está actualmente el problema, VOZ habló con
Fernando Quijano, investigador social y director de Corpades, quien lo
ha estudiado y tiene claro que este no reaparece porque nunca se
desmovilizó, y no se desmonta por decreto como lo hizo Álvaro Uribe sino
destruyendo la estructura que los mantiene desde el Estado y atacando a
sus beneficiarios.
Apoyo desde el Estado
–¿Qué ha pasado con el paramilitarismo luego del proceso de diálogo que tuvieron con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez?
–No ha desaparecido, se ha fortalecido a lo largo y ancho del país
con alrededor de 20 mil hombres, en 20 departamentos, con presencia en
otros países, con la toma de las fronteras y con su epicentro en Urabá y
Córdoba. Nunca desapareció. La casa Castaño, o lo que se llamaba las
Autodefensas de Córdoba y Urabá, hoy son los mismos Urabeños. Sus
ejércitos siguen ahí, hoy en manos de la casa Rendón.
–¿Sabe quiénes son sus auspiciadores?
–La verdad en Colombia se viene abriendo paso. Es claro que existe
paramilitarismo, que existen ejércitos antirrestitución como Los
Urabeños, quienes defienden una clase emergente dueña de miles de
hectáreas de tierra que han quitado a sangre y fuego, defienden a
sectores de ganaderos, sectores de terratenientes, sectores de militares
o de lo que hemos llamado el “cartel de oficiales”, que se ha nutrido
de la guerra, viven de la guerra y el despojo.
Repito, “cartel de oficiales”. Esto no es un asunto de patrulleros y
soldados. Ayudaron a despojar también en las ciudades. Medellín es un
ejemplo de eso, el Valle de Aburrá. En muchos casos se ha demostrado que
es una casta incrustada en el Estado, como el caso del general Santoyo.
–Si defienden una clase emergente, ¿pueden ser una amenaza para un proceso de paz con las guerrillas?
–Planteamos los peligros. No es que digamos que no hay que hacer la
paz. Pero, ¿un acuerdo de paz sin desmantelar la estructura paraestatal?
Ojo que las ciudades se pueden convertir en un epicentro de un nuevo
baño de sangre. Es peligroso. Por eso el llamado al Estado y a la
insurgencia para ver cuándo llega el momento de la discusión sobre ese
fenómeno, porque hay que desmantelarlo para poder hablar de una
participación política tranquila en el posconflicto, del inicio de la
reconciliación en Colombia.
Porque si no, se podrán dar nuevos hechos de violencia que nos lleven
otra vez a la guerra ya que quienes vienen de ella esperan garantías.
No se puede olvidar lo que pasó con Pizarro, con el genocidio a la Unión
Patriótica, ya que quienes generaron tantos asesinatos políticos siguen
ahí; ahí están sus ejércitos paramilitares aliados a mafias y a un
sector del Estado pagado por esas mafias. Han agenciado el genocidio,
los asesinatos políticos, el robo de la tierra a los más humildes. Ellos
siguen ahí.
Fenómeno en crecimiento
–¿Por qué dice que las ciudades podrían ser el nuevo escenario de guerra?
–Solo en Medellín tenemos unas 350 bandas, unos 13.500 hombres.
Operan la estructura de Los Urabeños y la estructura de la Oficina del
Valle de Aburrá. Esperemos el posconflicto para que veamos cuál es la
actitud de esos criminales. Crecen en ciudades como Medellín, Cali,
Buenaventura, ciudades del Valle, de Antioquia, de la costa, en las
fronteras, en los puertos. No es cualquier cosa. Cuidado con ese
cuentico que nos han echado “es que son bacrim que tienen el negocio del
narcotráfico”. No señor. Siguen siendo los mismos paramilitares, la
misma mafia en alianza con sectores del Estado.
–¿Cuál es el objetivo de hacer presencia en las fronteras?
–Hay fuertes indicios de que hay ejércitos paramilitares en la
frontera con Venezuela, incluso operando dentro de ese país. Y es una
verdad que ni siquiera Maduro puede negar. Hay jefes paramilitares que
se han trasladado desde el Valle de Aburrá a prepararse para una guerra
allá, a ayudar al proceso de desestabilización. También tienen rutas
importantes que cruzan por ahí. Entre Rastrojos y Urabeños tienen un
cordón muy fuerte en esa frontera.
Tienen presencia en la frontera con Ecuador, con Brasil, gran
presencia en Panamá. Y en muchas islas del Caribe -exceptuando a Cuba y
otras-, en una gran alianza con el cartel de Sinaloa. Hay muchas islas
que hoy se las parten entre el cartel mexicano y miembros de Los
Urabeños. Hay un proceso de expansión.
–Según usted, ¿qué debe hacer el gobierno para desmontarlos?
–Hemos planteado que si quieren construir paz en Colombia, ganarle la
guerra al crimen, hay que desmantelar la nómina paralela o ese sector
del Estado que paga a los paramilitares. Debe ser una decisión de
Estado. Si no esos criminales -algunos en uniforme, otros que aparecen
como empresarios serios- se van a encargar de activar otra vez la
guerra. Porque para ellos es más rentable venderle toallas, botas,
munición, cualquier cosa a un ejército. Por eso con la paz ellos pierden
muchos privilegios.
–¿Cuál es el objetivo de mantener esas estructuras en una etapa de posconflicto?
–Sigue siendo una carta de un sector del poder real de este país.
Tratarán de conservar privilegios. Lo malo es que hay un presidente
débil, tímido para enfrentar ese fenómeno. No es dando la orden de
capturar a la jefatura de Los Urabeños; es capturando a los verdaderos
jefes que son empresarios, generales del Ejército y la Policía,
privilegiados de esa clase emergente. No conozco al primer condenado
realmente jefe. No se puede seguir hablando de “organizaciones oscuras”,
“fuerzas ilegales”. No. Es poniéndoles nombre y rostro para
enfrentarlos. Es desmantelar, no es capturar, decomisar y dar de baja.
Hay que obligarlos al sometimiento.
Hay que depurar a la Policía y al Ejército quitando los carteles de
oficiales que tienen dentro. Hay un sector que le está haciendo mucho
daño a esas instituciones. Hay que desmantelar su parte política,
financiera, sus auspiciadores, sus verdaderos jefes, sus territorios y
sus finanzas. También es golpear una casta muy importante de la clase
política. El caso del ex gobernador de La Guajira es un ejemplo; la
directora de la cárcel de Valledupar era miembro de Los Urabeños;
recuerdo un ejemplo que salió en revista Semana, un policía hablando por
teléfono diciendo que el 99% de los policías que estaban allá eran
Urabeños.
–¿Qué se puede hacer desde la sociedad civil para resistir o enfrentarse a esto?
–Hemos propuesto desde Corpades hacer un pacto con la
institucionalidad depurada: un pacto antiparamilitares y antimafia. No
es un asunto de bandas sino de estructuras. Las 350 que hay en Medellín
le sirven a Los Urabeños y a la Oficina; entonces hay que desmantelar la
estructura primero. Hay que construir un movimiento social urbano que
se vincule con el movimiento rural para forzar desde la sociedad cambios
en el país, buscar gobiernos de transición que abran espacios
democráticos y que lleven a gobernar a personas comprometidas con los
intereses de las mayorías, del interés público y no de los intereses
particulares.
